Veinte

Siete. Quince. Veinte.

Apenas siete minutos después de haber despegado de Bogotá, el ruido del motor del vuelo 0532 de Avianca destino a Barranquilla se cuajó por los disparos descontrolados de una ametralladora. Quince de aquellas balas acabaron con la vida del entonces candidato presidencial de Alianza Democrática M-19 (ADM-19), Carlos Pizarro, en un avión plagado de escoltas del departamento de inteligencia. Cuando el sicario, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue reducido y ya se había rendido ante los guardaespaldas, uno de ellos le asestó un tiro mortal en la frente. Fue un 26 de abril de 1990. Veinte años después, las sombras aún pululan por un atentado que pretendía dinamitar el proceso de paz iniciado aquellos años, y cuyos detalles permanecen entre interrogantes e incógnitas que no pudieron, ni quisieron, ser despejadas.

Tres. Dos. Uno.

La muerte de Carlos Pizarro, aspirante presidencial y ex líder guerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), cerró una funesta tríada de crímenes contra candidatos en una campaña presidencial sobre la que siempre pesará el vergonzoso título de ser la más violenta de la historia de Colombia. Antes que él, el candidato liberal Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, y el de la izquierdista Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, en marzo de 1990, alcanzaron el mismo sangriento destino que Pizarro en una macabra cuenta atrás. Magnicidios que tuvieron un denominador común: las escasas medidas de seguridad para proteger a los candidatos presidenciales, cuya escolta corría a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, la central de inteligencia colombiana.

Ayer. Hoy. Mañana.

Ningún fallo en la seguridad del candidato Pizarro ni en la muerte del sicario por parte de los escoltas. Así se cerró, cuatro meses después, la investigación interna del DAS sobre el atentado. No obstante, en 2001, el jefe paramilitar Carlos Castaño reconoció en un libro haber ordenado el crimen de Pizarro y haber entrenado al sicario encargado de su muerte. Nuevas pruebas, documentos y testimonios vinculan ahora supuestamente a funcionarios del DAS con aquel asesinato, entre ellos a los entonces director general Miguel Maza Márquez, el jefe de inteligencia del DAS Alberto Romero y al detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz, quien disparó al autor del atentado en el avión. Y por tal de que el asesinato no prescriba, ha sido declarado crimen de lesa humanidad, para así permitir que la investigación pueda por fin salir adelante, dos décadas después. A partir de ahora, y tras veinte años ignorando un crimen envuelto en sombras, la Justicia colombiana tiene la oportunidad de resolver aquel caso. Porque como dijo Carlos Pizarro en su último discurso en 1990 antes de ser asesinado: "Hemos tropezado una y otra vez con la paz. Veinte años después, avanzamos por ella".

Veinte.

(La noticia completa de EFE, aquí)